Especialista destaca la importancia de este instrumento, para promover el desarrollo equitativo a nivel regional
Escrito por: Rolando Vilca Begazo
Uno de los principales problemas en el manejo presupuestal de los gobiernos regionales es su uso político. Se priorizan obras en función del volumen de inversión y no de la utilidad real a favor de la población y en otros casos, se aprueban transferencias a municipios allegados, bajo la excusa de incentivar una política de descentralización.
Este tipo de prácticas, en opinión del especialista en planificación y ordenamiento territorial, Adrián Neyra Palomino, no permiten encaminar el desarrollo local y regional, ya que todo proyecto de inversión pública o privada, debe darse en función de las condiciones y oportunidades que tiene la zona de intervención.
“Hay que cambiar el enfoque para medir el beneficio de los proyectos por cuánto se gasta o se invierte y pasar a otro, que tenga en cuenta el impacto en el territorio y en la dinámica de su población”, apuntó, el también coordinador del Diplomado en Planeamiento Territorial y Administración Pública de la Universidad Católica San Pablo.
“Un plan de ordenamiento territorial, nos ayudaría a identificar las potencialidades y capacidades existentes, para incentivar determinados niveles de inversión privada a partir de la explotación de recursos naturales y, por otro lado, a reducir problemas de conflictividad social”.
Adrián Neyra Palomino, coordinador del Diplomado en Planeamiento Territorial y Administración Pública de la UCSP.
En esa perspectiva, destacó la importancia del ordenamiento territorial como mecanismo para asegurar el desarrollo sostenible de cualquier localidad. “El ordenamiento territorial ayuda a medir el beneficio efectivo [de cualquier intervención] y a reducir los impactos [negativos] en el territorio, sobre todo a nivel de aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y el ecosistema, y que preocupan a la población”, agregó.
Inversiones sin riesgo
Adrián Neyra, aclaró que el ordenamiento territorial, permitirá advertir a los inversionistas privados o al mismo Estado sobre las condiciones que hay en un territorio antes de intervenir.
De esta forma, se determinará la viabilidad de cualquier iniciativa de inversión ya que se tendrá en cuenta a la población. “Con eso se reducirá la incertidumbre en el desarrollo de determinadas actividades y conflictos posteriores”, detalló.
El ordenamiento territorial al ser un proceso de planificación es participativo, por lo que la población estará informada sobre los alcances de las diferentes intervenciones y sus implicancias sociales, económicas, culturales, etc.
“Un plan de ordenamiento territorial, nos ayudaría a identificar las potencialidades y capacidades existentes, para incentivar determinados niveles de inversión privada a partir de la explotación de recursos naturales y, por otro lado, a reducir problemas de conflictividad social”, explicó.
Mayor articulación
De esta forma, el ordenamiento territorial ayudará a orientar la planificación de desarrollo a nivel regional y local, haciendo que los gobiernos regionales y municipales se inserten en los procesos nacionales.
Con ello, si algún ministerio tiene previsto intervenir a través de un proyecto de desarrollo (regional o municipal), deberá revisar primero la zonificación ecológica y económica (ZEE) de esta jurisdicción. La ZEE identifica las alternativas de uso sostenible de un territorio, considerando sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.
“Eso obliga a coordinar y concertar con las autoridades [locales o regionales], evitando que el Estado intervenga directamente. Esto va alineado a una política nacional”, afirmó.
¿Cómo vamos en Arequipa?
En el caso de la región Arequipa, se cuenta con la zonificación ecológica económica (ZEE), aprobada mediante la Ordenanza Regional N.° 437-Arequipa, en noviembre del año 2020. Lo que sigue es su implementación por parte del Gobierno regional en coordinación con los municipios provinciales.
Posteriormente, se deben realizar algunos estudios especializados vinculados al uso y cambio de suelos, servicios ecosistémicos, capacidad institucional, gestión de territorio, gestión de desastres, entre otros; así como desarrollar un diagnóstico integrado del territorio y culminar con la formulación del plan de ordenamiento territorial.
El ordenamiento territorial, al ser un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones concertadas, deberá involucrar a los actores sociales, económicos, políticos y técnicos de cada jurisdicción.
Según Adrián Neyra, si “hay voluntad política” todo este proceso no debería tomar más de año y medio. No obstante, recordó que las autoridades regionales y municipales, suelen priorizan el corto plazo y los instrumentos de planificación, muchas veces no se dan dentro de los periodos de gestión en los que fueron elegidos.
“Es momento de generar condiciones de desarrollo mirando el territorio con perspectivas de largo plazo, para poder erradicar la inversión con fines políticos que no nos permitió avanzar en los últimos años”, finalizó.