Por: Mgtr. Cesar Montes de Oca Dibán, profesor del Diplomado en Gestión Minera y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo.

Hablar de minería hoy en día, despierta muchas pasiones, debido a que en el último tiempo se ha convertido en una actividad que genera muchas posiciones y conflictos sociales. No obstante, basta ver el legado histórico que nos antecede para vislumbrar —sin error alguno—, que el Perú y desde sus orígenes, fue siempre un país minero. Para entender mejor este tema, necesitamos explicar las dos caras de la moneda: minería formal e informal.

La minería formal es aquella que cumple con todos los requisitos para realizar sus operaciones (tributarios, laborales, sociales y ambientales), si falta alguno de estos, pasaría automáticamente al lado ‘oscuro’ es decir, la informalidad y dentro de este campo podemos encontrar dos clases: los informales que deben subsanar algún ítem (arriba señalado) y los ilegales, que son aquellos que realizan actividades en zonas prohibidas, sancionadas o proscritas. De ninguna manera podrían volver formal sus quehaceres.

Ante esto, podríamos pensar que el Estado es un ente pasivo, pero no es así. Hay un corpus importante de normas (todas de acceso público) que, si se cumplen, facilitarían el trabajo minero sin repercusiones, es más, el Estado también realiza actividades de campo para erradicar la informalidad, por ejemplo, las fuerzas armadas están autorizadas para incautar equipos donde no se deben realizar actividades extractivas; también pueden destruirlos.

Se justifican estas acciones, porque prima la preservación de la flora y fauna peruana que muchas veces es irreversiblemente dañada. Ahora, frente a todas estas iniciativas, ¿por qué la gente no apela a ser formal? Pues por un constante choque de intereses.

Los mineros informales, usualmente realizan sus labores en el terreno del concesionario minero actual, aquel que obtiene la autorización del Estado para obtener los recursos de la zona. Estos invasores no reconocen la titularidad del derecho y frente a ello, el Estado creó una figura legal que les permita a estas personas la cesión de pequeños espacios, pero esto va en detrimento de la acción primera, es decir, le quitará espacio a quien, cumpliendo con todo lo solicitado obtuvo el permiso. Es lógico, nadie quiere perder.

Y frente a las invasiones, mucha gente piensa que el Estado tampoco tiene un sistema que permita cuidar su propio territorio de quienes quieren profanarlo, pero eso no es así. Desde los años 90 y de manera eficiente se identificaron las áreas que pueden ser pedidas para explotar recursos naturales. Es más, hay un mapa manejado por el Ingemet (ente encargado de las concesiones mineras en el país) y tiene un sistema llamado GEOCATMIN que permite identificar con rigor qué zonas sí y cuáles no pueden ser tocadas.

Entonces, tenemos información pública y gratuita pero que no es cumplida y justamente, ante este panorama, surge la iniciativa de la Universidad Católica San Pablo y su Facultad de Derecho, para crear una Clínica Jurídica en Minería. Su objetivo fundamental es buscar el bien común dando a conocer los procesos de formalización de manera que, la gente pueda acceder a información objetiva y con prontitud, evitando los conflictos sociales.

Recordemos que la minería representa el 64% de todas nuestras divisas a nivel nacional, por ende, urge implementar espacios donde la academia, el Estado y la empresa se conviertan en agentes positivos que fomenten nuevas y mejores conductas en la sociedad. Así podremos no solo soñar con un país con mejores procesos extractivos, también podremos disfrutar de los mismos en diversas áreas de nuestras vidas.