Las ciudades crecen muchas veces más rápido de lo que se planifican. Nuevas viviendas, ampliaciones y edificaciones aparecen para responder a necesidades reales y urgentes, y en ese ritmo acelerado es fácil que la conversación sobre la importancia de la infraestructura frente a los sismos quede en segundo plano.
No se trata de señalar responsabilidades, sino de recordar que la prevención y la seguridad sísmica deben acompañar el crecimiento urbano.
Toda ciudad que crece enfrenta una tensión natural entre la demanda de vivienda y el tiempo que requiere construir con los estándares adecuados. Esta realidad no es exclusiva de ningún país ni de ningún grupo social: es parte del proceso de desarrollo urbano en zonas sísmicas de todo el mundo.
Comprender esta situación, sin juzgarla, es el punto de partida para buscar soluciones que acompañen ese crecimiento con información, asesoría técnica accesible y normativas que se puedan cumplir en la práctica, no solo en el papel.
Cuando hablamos de desarrollo urbano, solemos pensar en la apariencia de un edificio, en su diseño o en su ubicación. Sin embargo, lo que realmente sostiene una ciudad frente a un sismo ocurre en un nivel mucho menos visible: los cimientos, el cálculo estructural, la calidad de los materiales utilizados.
Esa parte invisible del crecimiento urbano rara vez recibe la misma atención que los aspectos estéticos o comerciales de una construcción, aunque sea, en el fondo, la que determina qué tan segura será esa edificación el día que la tierra se mueva.
Existe un factor que suele pasar desapercibido en la conversación cotidiana sobre construcción segura: el tipo de suelo. Un mismo diseño estructural puede comportarse de manera completamente distinta según se ubique sobre suelo rocoso, arenoso o de relleno, lo que hace indispensable un estudio de mecánica de suelos antes de iniciar cualquier proyecto.
Este estudio, aunque representa un costo adicional al inicio, permite anticipar cómo reaccionará el terreno frente a un movimiento sísmico y ajustar el diseño de la cimentación a sus características. Omitir este paso buscando ahorrar tiempo o recursos puede comprometer seriamente la seguridad de toda la edificación, sin importar qué tan bien diseñada esté la estructura por encima del nivel del suelo.
Por ello, evaluar las condiciones del terreno debe formar parte de las decisiones previas a cualquier proyecto de construcción. Contar con esta información permite tomar mejores decisiones sobre la cimentación y reducir los riesgos asociados al comportamiento del suelo durante un sismo.
Ninguna ciudad logra crecer de forma segura gracias al esfuerzo de un solo actor. Se requiere la articulación entre autoridades locales, colegios profesionales, empresas constructoras que, juntos, promuevan una cultura donde construir bien sea la norma y no la excepción.
Esta mirada colaborativa evita que la conversación se convierta en una búsqueda de responsables después de un evento sísmico, y la transforma, en cambio, en un compromiso compartido hacia adelante.
Existen edificaciones donde la seguridad estructural adquiere una dimensión aún más crítica: hospitales, colegios y otros espacios públicos de alta concurrencia. En estos casos, la responsabilidad recae de forma especial en el Estado, que debe garantizar no solo el diseño y la construcción adecuada de estas infraestructuras, sino también su mantenimiento constante a lo largo de los años.
Un hospital, por ejemplo, no solo debe resistir un sismo: debe seguir operativo inmediatamente después de este, ya que es precisamente en esos momentos cuando la población más lo necesita. Lo mismo ocurre con los colegios, donde miles de niños pasan gran parte de su día bajo la confianza de que ese espacio ha sido construido y cuidado pensando en su seguridad.
Fortalecer los mecanismos de fiscalización pública, destinar presupuesto sostenido al mantenimiento de esta infraestructura crítica, y priorizar su actualización cuando sea necesaria, no debería depender de la coyuntura, sino formar parte de una política de Estado a largo plazo, independiente de los cambios de gestión.
En el Perú, este dilema entre seguridad y costo no es solo una percepción: es una realidad estructural que afecta a la mayoría de la población. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, al cierre de 2025 el 61.7% de las viviendas en ciudades del Perú eran informales, es decir, construidas sin título de propiedad ni garantías estructurales básicas.
En las ciudades, el patrón se repite: familias que llegan a zonas periféricas y levantan su primera vivienda con los materiales más baratos disponibles, muchas veces sin saber que ese ahorro inicial representa un riesgo estructural serio. Un especialista del CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería advirtió que las construcciones hechas con ladrillos tubulares —una opción económica muy usada en la autoconstrucción— pueden resistir hasta la mitad de la carga sísmica que soportaría un ladrillo macizo certificado.
Esta realidad tiene múltiples causas. Para muchas familias, construir de manera progresiva es la alternativa para acceder a una vivienda y ampliarla conforme cambian sus necesidades y posibilidades económicas. El desafío aparece cuando estas construcciones y ampliaciones se realizan sin asesoría técnica, lo que puede generar riesgos para la seguridad de la estructura.
A esto se suma otro factor estructural: la informalidad laboral supera el 70% en el país, lo que dificulta que muchas familias accedan al sistema financiero formal o a programas estatales de vivienda, dejando la autoconstrucción como su única alternativa real.
El crecimiento urbano de los próximos años seguirá siendo intenso, impulsado por la migración interna, el crecimiento poblacional y la necesidad de nuevos espacios de vivienda, salud y educación. Este escenario representa una oportunidad para incorporar, desde el inicio, criterios de seguridad sísmica en la planificación de nuevas zonas urbanas, en lugar de intentar corregirlos años después, cuando ya es más costoso y complejo hacerlo.
Aprovechar esta oportunidad exige varias cosas al mismo tiempo: visión de largo plazo por parte del Estado, fiscalización constante sobre lo que ya está construido, y participación activa de la ciudadanía en la exigencia de espacios seguros para las siguientes generaciones. Ninguno de estos elementos puede sostener, por sí solo, la seguridad de una ciudad entera.
Ya sea el estudio de un suelo antes de levantar una vivienda, el reforzamiento de un hospital o la fiscalización de una nueva edificación, cada una de estas acciones responde a una misma idea: la seguridad estructural no es un logro que se alcanza una sola vez, sino un compromiso que debe sostenerse en el tiempo, entre el Estado, los profesionales del sector y cada ciudadano que construye o habita un espacio.
Al final, ninguna ciudad se vuelve segura por decreto ni de un día para otro: se construye, con la misma paciencia con la que se levanta un edificio, a partir de decisiones sostenidas en el tiempo y de la voluntad conjunta de no mirar hacia otro lado.
Aunque no podemos evitar los sismos, sí podemos tomar decisiones que ayuden a reducir sus consecuencias. Apostar por la planificación, la prevención y la construcción segura es una forma de cuidar a quienes habitan nuestras ciudades y de prepararnos mejor para los desafíos del futuro. Porque construir ciudades más seguras no depende de una sola acción, sino de las decisiones responsables que tomamos hoy.
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