Especialista en temas mineros y ambientales, advierte que cambio unilateral, obligaría al Estado a pagar indemnizaciones millonarias y alejaría las inversiones
Un tema puesto en agenda en la actual campaña electoral, es la revisión de los contratos que suscribió el Estado peruano con las empresas trasnacionales, para la explotación de los recursos naturales. El candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre), considera que el 70% de las utilidades obtenidas, deben pasar al Estado y el 30% restante, quedarse en manos de la empresa privada.
En buena cuenta, se replantearía la aplicación del impuesto a la renta —que afecta las ganancias o utilidades— y que en este momento es de 30%, para convertirse en 70%. Pero, ¿qué impacto provocaría esto en sectores como el minero, que en el caso de Arequipa, impulsó el crecimiento económico en los últimos años?
En opinión del docente y coordinador del Diplomado de Postgrado en Gestión Minera de la Universidad Católica San Pablo, César Montes de Oca Dibán, “se generaría inseguridad jurídica y como consecuencia de ello, se alejarían las inversiones del país”.
El abogado especializado en minería y temas ambientales, explicó además que las concesiones (para la explotación de recursos naturales como los mineros), no se otorgan por contratos, sino a través de títulos de concesión. “La carga tributaria que pagan los inversionistas está establecida por leyes y no por contratos”, aclaró.
Lo único que existe como contratos, agregó, son los convenios de estabilidad tributaria que garantizan que la empresa privada, recupere su inversión en un tiempo determinado. Estos acuerdos “congelan” la carga tributaria durante un periodo establecido y se suscriben con el Estado, porque países como el nuestro son “jurídicamente inseguros”, ya que cada cinco años se pretende cambiar las reglas de juego en el campo económico.
Montes de Oca, también explicó que estos contratos de estabilidad tributaria “no se pueden modificar de forma unilateral” y si ocurriera ello, el inversionista privado estará en libertad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, conforme lo establece el propio contrato y se obligaría al Perú a pagar indemnizaciones millonarias a favor de las empresas extranjeras.
De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, existen cinco contratos de estabilidad tributaria vigentes en el sector minero. Estos comprenden los proyectos de Toromocho (hasta el 2027), Las Bambas (hasta el 2029), Antapaccay (hasta el 2027), Cerro Verde (hasta 2031) y Constancia (hasta 2030).
Estos proyectos, además, aportarían cerca del 40% de la producción nacional de cobre.
En relación a las obligaciones tributarias que afectan a las ganancias del sector minero, César Montes de Oca, señaló que la minería en el Perú tiene una carga impositiva que bordea el 47.5%, a diferencia de Chile (40%), Australia (44%) o Canadá (35%). Recordemos que Chile, lidera el ranquin mundial de producción de cobre y Perú, ocupa el segundo lugar.
Desde esta perspectiva, elevar la carga impositiva en el sector minero, restaría competitividad al país para atraer nuevas inversiones y paralizaría la ejecución de aquellos proyectos que están a la espera de mejores condiciones sociales para entrar en operaciones.
EL DATO Hasta el año 2020, el sector minero aportaba 10% del producto bruto interno (PBI) del país, 60% de las exportaciones, 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados por las empresas.
“En el radar de inversiones mineras [a nivel mundial] estamos por nuestro potencial minero. Solo en el 1.25% de todo el territorio nacional hay operaciones mineras y con eso, en este momento se genera 80% de las exportaciones peruanas”, señaló Montes de Oca.
Antes de la pandemia, el sector minero aportaba 60% de las exportaciones peruanas. Ahora esta participación subió hasta 80%, debido al crecimiento de la demanda internacional. Si a esto le sumamos el alza en la cotización del cobre (bordea los 4.5 dólares la libra), tendríamos un contexto internacional propicio para mejorar la recaudación tributaria e incrementar el presupuesto de los gobiernos regionales y locales, con las mayores transferencias de canon en el año 2022.