Especialista evidencia los riesgos a los que se exponen las familias que priorizan la economía en lugar de su propia seguridad, al momento de edificar viviendas.
En Arequipa, en promedio, 7 de cada 10 construcciones de viviendas son informales. Esto quiere decir que no solo carecen de licencia de construcción y planos, sino que usan materiales inadecuados, por lo que se exponen a graves daños ante cualquier sismo.
Lo peor de todo, según el docente de la Maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Católica San Pablo, David Chalco, es que la reducción de costos que puede generar este tipo de autoconstrucciones, financiadas muchas veces por el ‘ahorro familiar’ de todo una vida, “no compensarán las reparaciones que tendrían que hacerse en el futuro”.
“La población debe ser consciente de este tipo de inversiones, porque reparar los daños es mucho más costoso de lo que se hubiera gastado si se contaban con profesionales adecuados para proyectar y supervisar la edificación”, sentenció.
Chalco, explicó que la afectación que se puede generar en estas viviendas por la mayor vulnerabilidad sísmica, van desde grietas en las paredes hasta el colapso de toda la construcción. Todo dependerá de la severidad del movimiento telúrico que soporten.
Es por ello que la norma técnica de Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones —que incluye a Arequipa metropolitana dentro de la zona 3, por su alto riesgo símico—, dispone varios parámetros que deben cumplirse en las construcciones de acuerdo a esta zonificación. Sin embargo, las autoridades locales no hacen respetar estas disposiciones y eso, repercute en la informalidad.
“Los gobiernos locales no fiscalizan toda la autoconstrucción, es evidente su debilidad institucional y tampoco existe la cultura de cumplir las normas, por parte de la población”, detalló el especialista.
Entre las deficiencias más comunes que se observan en la autoconstrucción están la contratación de maestros de obra en lugar de profesionales para la planificación y ejecución de las edificaciones, así como emplear insumos artesanales a fin de reducir los costos de inversión.
“Encargar a un maestro de obra, prescindiendo del asesoramiento técnico especializado es muy riesgoso, porque a la larga la edificación tendrá deficiencias. Lo adecuado es contar con profesionales para proyectar la edificación y supervisar el proceso constructivo, pero lamentablemente priorizan el aspecto económico y eso, se observa más en los niveles socioeconómicos C, D y E”, afirmó.
En el caso de los materiales empleados, Chalco evidenció que la norma técnica, en el caso de las zonas 3 y 4 de peligro sísmico, no permite usar ladrillos artesanales más allá de los dos niveles (pisos) y mucho menos, emplear ladrillos tubulares (pandereta). No obstante esto no se toma en cuenta y se usan, incluso, en construcciones de hasta cinco niveles.
“La resistencia a la compresión en el caso de los ladrillos artesanales se reduce a la mitad respecto a un ladrillo mecanizado, y en el caso de los ladrillos tubulares no pueden usarse para muros portantes”, agregó.
Lo mismo ocurre al momento de prever el tipo de concreto (mezcla) a emplearse. Aquí se confía más en la experiencia del maestro de obra, en lugar de validar su resistencia en función del tipo de construcción que se ejecutará.
Frente a estas deficiencias que no solo ponen en riesgo la inversión de las familias de bajos recursos, sino que los expone a un potencial peligro por la vulnerabilidad de las edificaciones, David Chalco consideró que desde el Gobierno se deberían disponer de políticas de Estado que promuevan una “construcción segura” en todo el país.
“No es cuestión de justificar la construcción informal por un tema económico, sino de dar políticas acompañadas de leyes para fomentar una construcción segura. Por el lado de las universidades, se podría brindar asesorías a través de los estudiantes y en el caso de los institutos técnicos, promover la capacitación del personal que asumirá la mano de obra en la construcción de estas edificaciones”, explicó.
Por último, enfatizó en la necesidad de que el Gobierno sea más estricto en la fiscalización del cumplimiento de las normas y que tenga menos tolerancia con este tipo de autoconstrucción. “Solo así cambiaría la mentalidad de la informalidad” concluyó.