La incertidumbre política puede afectar las decisiones de inversión y la protección de los activos. Desde el Derecho del Mercado de Valores y Financiero, existen mecanismos que permiten administrar ese riesgo mediante estructuras diseñadas para brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

El Perú atraviesa una etapa marcada por una inestabilidad política crónica: siete presidentes en menos de diez años, congresos en conflicto permanente con el Ejecutivo y un riesgo regulatorio que intimida tanto a inversionistas nacionales como extranjeros.

En ese contexto, surge una pregunta para quienes poseen activos productivos: ¿cómo proteger el patrimonio cuando el propio Estado se convierte en la principal fuente de incertidumbre?

Una respuesta desde el Derecho del Mercado de Valores y Financiero

La respuesta que ofrece el Derecho del Mercado de Valores y Financiero es estructural, no especulativa.

Los fondos de inversión —regulados por el Decreto Legislativo N.º 862 y la normativa complementaria emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)— constituyen patrimonios autónomos separados tanto del patrimonio personal del inversionista como del gestor.

Esa separación representa su principal fortaleza. Una medida cautelar, una expropiación indebida o una sucesión intestada no penetran automáticamente el fondo.

Lo mismo ocurre con los fideicomisos bancarios, instrumentos supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en los que el bien fideicomitido queda fuera del alcance de los acreedores personales del fideicomitente.

En un nivel mayor de sofisticación se encuentran los fideicomisos de titulización, regulados por la Ley del Mercado de Valores y la normativa complementaria emitida por la SMV. Estos permiten convertir activos ilíquidos —como carteras de cobro, inmuebles o concesiones— en valores negociables con un aislamiento jurídico respecto de quien los origina.

Administrar el riesgo, no eludir las obligaciones

No se trata de eludir obligaciones legítimas. La transparencia fiscal y el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos constituyen condiciones indispensables para estas estructuras.

Se trata, más bien, de aprovechar los mecanismos que el propio legislador diseñó para dotar al sistema financiero de previsibilidad.

Cuando los índices de riesgo país aumentan y la volatilidad del tipo de cambio condiciona las decisiones de inversión, contar con un patrimonio de afectación correctamente estructurado equivale, en términos económicos, a una cobertura frente al riesgo político.

La tormenta es la misma para todos; el paraguas, no.

Una herramienta aún poco aprovechada

En los mercados maduros, estos vehículos forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema financiero.

En el Perú, sin embargo, todavía son herramientas subutilizadas por las medianas empresas y las familias empresarias, que muchas veces descubren su existencia cuando el daño ya resulta irreversible.

La turbulencia política no constituye un fenómeno coyuntural en nuestra región, sino un dato estructural con el que debemos aprender a convivir.

Los fondos de inversión, los fideicomisos bancarios y los fideicomisos de titulización no eliminan ese riesgo, pero sí permiten administrarlo de manera adecuada. Ese es, precisamente, el valor de construir mecanismos jurídicos capaces de ofrecer estabilidad en medio de la incertidumbre.

Autor: Joe Navarrete
Socio Lau-Tám Abogados. Head of Capital Markets. Abogado, UNMSM. Magister Finanzas y Derecho Corporativo, Universidad ESAN.
Profesor de Posgrado en UCSP, PUCP, USIL y UTP.